La Reforma Agraria en chile (1962-1973)

"La tierra para el que la trabaja" ni siquiera fue un eslogan original, se lo copiaron al eterno insurrecto mexicano Emiliano Zapata.

Por décadas en Sudamerica mantuvieron la distribución de la tierra agrícola en manos de herederos del sistema de distribución de ellas como lo estableció  La Corona española, ni siquiera el advenimiento de la República  cambio esta situación.

Chile en el siglo XX su sociedad rural chilena mantuvo la estructura agraria tradicional, y esto se fundada en el predomino de la propiedad agrícola privada en el marco de un orden social imperante de acuerdo con el pasado social chileno. Al comenzar la década de 1960 la coacción  por una Reforma Agraria se manifestó notoriamente  en la sociedad chilena. 

Y esta vez contó con el respaldo de la Iglesia Católica que era dueña de millones de hectáreas agrícolas que repartió y vendió  entre los campesinos y con el apoyo de Estados Unidos a través de la "Alianza para el Progreso". 

Enfrentado presiones políticas de diverso orden, especialmente de la izquierda y la democracia cristiana, el gobierno de derecha del presidente don Jorge Alessandri Rodríguez contrario a lo que han difundido los que han reescrito la historia de Chile,  promulgó en 1962 la primera ley de Reforma Agraria N° 15.020, la que permitió ordenadamente redistribuir tierras estatales entre campesinos y organizar instituciones fiscales para llevar a cabo la reforma en el campo.

Al repasar la historia de Chile debemos citar que las demandas por una Reforma Agraria fueron desde comienzos de siglo una propuesta de los sectores radicalizados  del país, en la campaña presidencial del Frente Popular, en 1938 se incluía una Reforma Agraria. Sin embargo, una vez en el poder, los gobiernos radicales decidieron privilegiar la industrialización en el mundo urbano, postergando al rural. Como consecuencia, cientos de miles de jóvenes campesinos se volcaron a las ciudades en busca de un mejor futuro, y por lo tanto  la economía agraria experimento una crisis profunda caracterizada por su baja productividad, siendo necesario, en los años cincuenta, privilegiar la importación de alimentos.

Con la llegada al poder de la Democracia Cristiana con el apoyo de la derecha política chilena, a través de la presidencia de Eduardo Frei Montalva, el proceso de Reforma Agraria tuvo un impulso vertiginoso. El eslogan de Emiliano Zapata "la tierra para el que la trabaja" impulso el programa reformista del nuevo gobierno de la "revolución en libertad", buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. 

La Democracia Cristiana consiguió promulgar una nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640 y la Ley N° 16.625 que posibilito la sindicalización campesina. Y sobre la base de estos dos instrumentos legales se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, mas o menos 3,5 millones de hectáreas, y se organizaron más de 400 sindicatos que sumaron más de 100 mil campesinos. 

No obstante la izquierda y sus grupos extremistas a pesar de los avances legales  comenzaron a inducir huelgas y tomas masivas de predios productivos que polarizaron a la sociedad agraria chilena.

Lamentablemente la dirigencia de la Democracia Cristiana en 1970 a espaldas de sus votantes y militantes entro en acuerdos secretos con la izquierda, y estos acuerdos para desgracia de Chile, llevaron al gobierno al tristemente suicida Salvador Allende.

Allende y su gobierno con la UNIDAD POPULAR continuaron el proceso de Reforma Agraria, no solamente utilizando los instrumentos legales promulgados por el anterior gobierno, con el fin de expropiar todos los latifundios y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos, fueron mas allá y agudizaron los enfrentamientos en el terreno agrícola movilizando y usando fuerzas de choque armadas como el Movimiento Campesino Revolucionario    sembrando terror y muerte en los campos chilenos.   

Esta efervescencia artificial campesina en la práctica provoco la ocupación las tomas masivas de predios, agro-industrias, desatándose en el mundo rural un clima de violencia y enfrentamiento nunca antes conocido en Chile.

El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden el 11 de septiembre de 1973, puso fin a este caos desatado por la izquierda chilena, única responsable de tan tortuosos hechos, la Unidad Popular con su violencia extremista y terrorista había conseguido expropiar ilegalmente cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. 

En los siguientes 17 años  del Gobierno Militar y del Presidente Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, con un nuevo modelo aplicado al mundo rural, completamente distinto a lo experimentado hasta la caída de Allende se produjo   el traspaso de la tierra a los inversionistas, quienes modernizaron la producción agrícola, trayendo consigo bienestar y desarrollo para millones de chilenos entre ellos sus campesinos.