Las consecuencias de la Muñeca Bielorrusa y la expansión del caso .

Las consecuencias de la Muñeca Bielorrusa 

El 9 de septiembre de 2024, Vivanco fue suspendida de su cargo como ministra de la Corte Suprema, luego de que se formularan seis cargos en su contra, incluyendo irregularidades vinculadas a la causa CBM. 

La presión sobre los querellados se intensificó en noviembre de 2025, cuando la Corte decretó la prisión preventiva de Migueles y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, fijando un plazo de 90 días para la investigación y su traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. 

Con el avance de las indagaciones, la investigación se amplió hacia el rol de terceros que habrían facilitado la circulación de los fondos cuestionados. En ese contexto aparecen Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro, cuyas actuaciones pasaron a ser objeto de diligencias específicas. 

De acuerdo con el Ministerio Público, Yáber habría recibido y reenviado montos vinculados a la ruta del dinero investigada; Najle fue identificado por transferencias que la Fiscalía atribuye a posibles pagos asociados a Migueles; y Pizarro habría cumplido un rol clave en la conversión y canalización de dineros de origen presuntamente ilícito hacia el sistema financiero formal. 

La expansión del caso 

Asimismo, se han realizado diversas indagaciones respecto al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, las cuáles han extendido el alcance de la «Muñeca Bielorrusa». Un sumario administrativo instruido por la Corte de Apelaciones de San Miguel —y dado a conocer por Reportea— estableció que Yáber habría utilizado recursos vinculados al ejercicio de su cargo para generar una red de tráfico de influencias y gestiones destinadas a incidir en procesos de nombramientos judiciales y resguardar intereses propios y de terceros. 

Entre los antecedentes abordados por el sumario figura la contratación de Leidy Moreno, quien ejercía como empleada doméstica de Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles, al respecto la investigación administrativa sostuvo: «Sostengo que ese contrato fue simulado y el pago del finiquito lo percibió la dupla Migueles – Vivanco para quienes prestaba servicios». 

A ello se suma el traspaso de un automóvil Porsche Cayenne a Vivanco, operación que, según la investigación administrativa, carece de respaldo financiero y constituye «otra forma de pago» dentro de la red. De esta manera, a inicios de enero de 2026, la fiscal judicial, Carla Troncoso, formuló cargos contra Sergio Yáber y notarios de la jurisdicción. 

Otro de los temas en los que se vió envuelto Yáber fue en presuntos pagos sistemáticos a ministros, notarios y parlamentarios, incluyendo transferencias al exministro Antonio Ulloa y a los senadores Matías Walker y Sergio Gahona, además de la presunta entrega de $1,7 millones al diputado Cristián Araya, registrada en escuchas telefónicas interceptadas por el OS7 de Carabineros. En su informe reservado, la policía concluyó que estos antecedentes «podrían revestir carácter de delito», ampliando el alcance de la causa al ámbito político. 




Fuente: Fast Check CL









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